Durante un foro en el IESA en Mayo del 2000 llamado Políticas de Competencia en el Siglo XXI, le formulé la siguiente pregunta al Dr. Julio Pascual y Vicente, Magistrado del Tribunal de Defensa de la Competencia de España.
Venezuela es ante nada un país exportador de petróleo y cuando este producto entra al territorio Europeo su comercialización es castigada con una serie de impuestos, tales como el de la gasolina, que supera un 400% ad-valorem. Ese impuesto impide que el petróleo compita libremente con los demás productos energéticos, como el carbón, a los cuales no se le aplica impuestos.
¿Qué hacemos entonces cuando son los propios Estados los que limitan la libre competencia? ¿Podemos los venezolanos concurrir por ante su tribunal?
La respuesta del Dr. Pascual y Vicente fue un honesto, valiente y contundente:
"¡Sí pueden, y es más, deben! No les auguro mucho éxito, ya que tales impuestos sólo responden a un insaciable apetito de los Estados por unos ingresos fiscales fáciles de cobrar. No obstante, aún cuando el tribunal falle en su contra, habrán ayudado a crear el ruido necesario, para que el consumidor Europeo se entere de la problemática y se dé cuenta de lo mucho que le cobran en impuestos.” (y... nota mía:... que los altos precios de la gasolina no son culpa de los malvados de la OPEP, sino de los propios fiscos de Europa)
Compatriotas ¿Cuándo introducimos la demanda?
Llevo algunos meses preguntando lo anterior a representantes de la sociedad civil. No espero una respuesta inmediata, ya que estoy consciente de que la sola idea de salir a defender el petróleo activamente, debe sonarle muy extraña a una población que, hasta la fecha, jamás ha sido convocada a tal fin.
Asimismo muchos de los grupos locales llevan tanto tiempo buscando la pajita en el ojo propio, que se encuentran incapaces de ver la viga en el ojo del otro. Por ejemplo, cuando le pedí apoyo a una conocida organización local, cuyo objetivo se dice es el de educar y defender los postulados del mercado libre, recibí un NO basado en que "su misión era la de alertar contra los abusos que el Estado comete en detrimento del consumidor, quien es el verdadero actor en una economía de mercado". En otras palabras, esta organización no fue capaz de entender que cuando al consumidor Europeo se le obliga a pagar US$ 1,20 por litro de gasolina, en vez de los US$ 0,35 que debería pagar sin los impuestos, estamos justamente en presencia de un abuso al consumidor.
Hay otros hechos de discriminación en materia petrolera. En el informe, que la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico de España (CNE) preparó sobre el mercado eléctrico español de 1998, leemos que existen subsidios al carbón destinados a discriminar contra los hidrocarburos, que han resultado en tal grado efectivos que ”en los primeros meses de 1998 la generación térmica convencional en funcionamiento es de carbón, quedando los grupos de fuel – gas en una posición meramente testimonial”.
Me pregunto si el Dr. Pascual y Vicente consideraría que nuestras posibilidades de ganar la querella aumentarían por el hecho de que en el reporte de la CNE, las autoridades de España han confesado por escrito que “Las primas al carbón autóctono tiene una influencia importante ... puesto que alteran el orden económico de despacho, convirtiendo el carbón autóctono en un combustible más barato que las otras alternativas.”
Según el CNE en 1998 se pagaron 55.021 millones de pesetas en incentivos al carbón autóctono, cifra nada despreciable al notar que las compras totales de energía primaria sumaron 885.214 millones de pesetas y el resultado de lo anterior fue que de la producción total de electricidad en España tal año, el 21.4% era hidráulica, el 37.2% nuclear, siendo el carbón la fuente más importante con un 37.9% (¿a espaldas de los ambientalistas?), mientras que, el fuel-oil y el gas, en conjunto, representaban apenas un 3.5% de la generación total.
Por cierto, España probablemente no es el único país que practica este tipo de discriminación en Europa, considerando que, de acuerdo a la CNE, los subsidios discriminatorios al carbón se ajustan sin ningún problema a las Directivas dictadas por la Unión Europea en materia de normas comunes en materia eléctrica.
España está violando claramente, en perjuicio de un país petrolero como Venezuela, los principios que supuestamente deben regir las relaciones económicas internacionales vigentes, tales como las de la no discriminación. Estoy seguro de que si la Superintendencia de Bancos en Venezuela dictase una regulación en virtud de la cual se disponga que todos los fondos de los venezolanos depositados en bancos, cuyo capital accionario sea 100% de venezolanos, recibirán del Estado una prima de intereses - para incentivar el capital autóctono - nos lloverían las demandas por parte de los grupos bancarios españoles.
¿Cuántas evidencias más necesitamos sobre la discriminación que sufrimos como país petrolero antes de lograr comprender la necesidad de defender activamente nuestro petróleo? ¡Vuelvan caras!
Para el récord, lo anterior lo redacté antes de que Aznar, durante la Cumbre del Milenio, tuviera la osadía de reclamarle a nuestro presidente los altos precios del petróleo ....... y he tenido que frenarme ya que “osadía” no es, como entenderán, la primera palabra que me viene a la mente.
Compatriotas y dignatarios de la OPEP que próximamente nos habrán de visitar, nuevamente les pregunto ¿Cuándo introducimos la demanda?
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